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Colombia es un país donde los derechos humanos no son tenidos en cuenta y donde la clase política solo busca el usufructo personal. Las masacres son el pan de cada día, de personas que protestan contra el gobierno de turno, por la carencia de políticas que permitan acabar con la violencia, propiciada por los insurgentes, las bandas criminales, el narcotráfico y el Estado mismo. Es un paraíso para la impunidad ya que muchos políticos están involucrados en actividades delincuenciales y donde la corrupción pública es imperante. La clase dirigente terrateniente se ha encargado de contribuir con el desplazamiento forzado de familias campesinas que tienen que huir de los conflictos abandonando sus predios, los cuales terminan en manos de hacendados y a empresas que patrocinan a quienes llegan al poder para mantener sus privilegios. Los presidentes que han llegado al poder se lavan las manos como “pilatos” y no han hecho mayor cosa por evitar que se vulneren los derechos humanos en Colombia presentando una imagen negativa en el contexto internacional. En el libro se presenta una radiografía sobre los derechos humanos en Colombia y el papel que han tenido los últimos gobiernos, además se presenta al lector una serie de tipologías con los principales vulneradores de los derechos humanos.

MMONEDA 50 CENTAVOS LAZARETO AGUA DE DIOS 1928. DESPACHO:MENSAJERIA-Envio a cargo del comprador-Pago: Transferencia Bancolombia- Mercadopago Los centavos de los leprosos..... A comienzos del siglo XX Colombia era uno de los países con mayor porcentaje de lepra en el mundo. Esa enfermedad que aparece constantemente en la Biblia, que nació en la India y que Carlo Magno llevó a Grecia y África, entró a Colombia por Cartagena de Indias y se fue diseminando por el país. Quince naciones tomaron la decisión de emitir una serie de monedas para los leprosos, entre ellos Colombia. Las primeras monedas fueron sacadas a circulación en el año 1901. La imagen escogida para distinguirlas era de la Cruz de la Orden de San Lázaro de Jerusalén, una cruz octogonal de color verde, también denominada cruz templaria o de las ocho beatitudes. En esa época se creía, erradamente, que las monedas podían transmitir esta enfermedad que se ha presentado en prácticamente todos los países del mundo y que hoy en día se concentra en un 70 por ciento en la India. Las primeras monedas tenías las siguientes denominaciones: 0,025 pesos, 0,05 pesos, 0,10 pesos, 0,20 pesos y 0,50 pesos. La serie de 1921 constaba de monedas de 1, 2 y 5 centavos. La acuñación de esta serie se hizo por un total de cien mil pesos, mientras que la de última de todas se realizo por un valor de entre los 25 mil y los 50 mil Las monedas recibieron el despectivo nombre de coscojas, que quiere decir poca cosa. Fueron casi treinta años en los que las monedas circularon por las manos de los enfermos, quienes además debían vestir un atuendo que los distinguiera como leprosos. La lepra, conocida también como Bacilo de Hansen, es una enfermedad de la que se tienen muchas referencias: lo leprosos curados por Jesús en la Biblia, la historia del devoto padre Damian de Veuster, que vivió con enfermos de lepra en la famosa isla-leprosario de Molokai y quien murió de este mal. En Colombia se recuerda el leprosario de Agua de Dios. Agua de Dios Agua de Dios es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la Provincia del Alto Magdalena, en la región del Tequendama, se encuentra a 114 km de Bogotá. Limita por el oeste con Leticia; por el norte con Tocaima; por el este con Altamira y por el sur con Malachi y Nilo. Ampliar esta imagen.Reducir esta imagen Clic aquí para ver su tamaño original Un poco de Historia La fundación del hoy municipio de Agua de Dios se debe a que un grupo de enfermos de Lepra fueron desterrados por los habitantes de una población llamada Tocaima, por el miedo a ser contagiados de lepra, viéndose obligados, los enfermos, a invadir los terrenos de una hacienda denominada "Agua de Dios" para allí construir sus viviendas. Posteriormente el Estado Colombiano compró en el año de 1867 estos terrenos al Dr. Manuel Murillo Toro para destinarlos como Lazareto, que tomó efecto el 10 de agosto de 1870 que es la fecha que se toma como fundación. Con la Ley 104 de 1890 se le impone al enfermo de lepra un aislamiento total y se implantan los retenes en todos los puntos estratégicos del Lazareto que impedían el ingreso de personas sanas, familiares de los pacientes y prohibía la salida de estos fuera de la ciudad sin autorización previa. En 1901, para evitar cualquier contacto entre los internos en Agua de Dios y las afueras, se acordonó toda la ciudad con una alambrada y fue custodiada con Policía Nacional e Interna, conformada esta última por los mismos pacientes enfermos de lepra. La conformación de Agua de Dios, su estructura y sus normatividades la convirtieron en una ciudad independiente con sus propias leyes, su propia moneda llamada “coscoja”, prohibición de bebidas embriagantes, pero así mismo se dispuso la construcción de una clínica, unos hospitales, un subsidio de tratamiento llamado “la ración”, según la Ley 14 de 1907. Mediante Ley 148 de 1961 se devolvieron todos los derechos civiles, políticos y garantías sociales consagrados en la Constitución Nacional a los enfermos de Lepra. Esta misma ley que autorizó a la Asamblea de Cundinamarca para crear los municipios de Contratación y Agua de Dios, le concedió el beneficio de adjudicar los terrenos a quienes los ocupaban por ese entonces. Producto de esta ley, nació la Ordenanza N° 78 del 29 de noviembre de 1963 que creó el municipio. El 23 de marzo de 1963 se declaró oficialmente inaugurado y mediante Decreto 317 del mismo año, se nombró el primer alcalde municipal. Algunos datos y fechas históricas • Con la Ley 1 de 1833, el gobierno Nacional empezó a organizar los Lazaretos en Colombia, ya que comenzaban a presentarse varios casos de lepra en diversas regiones del país, lo cual se estaba convirtiendo en un problema de salubridad y la sociedad demostraba el rechazo hacia ellos. • Con la expedición de la Ley C de 1864 se creó el Lazareto de Agua de Dios, por orden del Estado de Cundinamarca. Paralelo a este proceso administrativo, el gobierno adquirió a través del Secretario de Hacienda del Estado, José María Baraya, el globo de tierra denominado “Agua de Dios e Ibáñez". • El doctor Manuel Murillo Toro le había comprado los terrenos de la Hacienda Agua de Dios a Pablo Afanador, mediante escritura N° 66 del 22 de febrero de 1856. • Con la Ley C de enero 15 de 1873, se dio el nombre de "Aldea de Agua de Dios" • En el año de 1891 llegan los primeros Salesianos a Agua de Dios. • En el año de 1892 llegan las primeras religiosas Hermanas de la Presentación. • El 6 de agosto de 1894 llega a Agua de Dios el, hoy Beato, padre LUIS VARIARA quien consagró su vida a los enfermos de lepra y fundó el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (HH.SS.CC.) • A partir de 1905, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno, asumió la dirección de los lazaretos. Más adelante sería el Ministerio de Higiene, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud, entre otros nombres hasta llegar a nuestros días con el Ministerio de la Protección Social, el encargado de llevar la dirección del Sanatorio. • El Lazareto de Agua de Dios ofreció albergue a miles de compatriotas enfermos de lepra, recibió al insigne compositor santandereano Luis Antonio Calvo, y a otros Literatos, escritores, periodistas, pintores, donde dejaron huella indeleble, entre quienes podemos destacar también a Adolfo León Gómez, Adriano Páez, Rosa Restrepo Mejía y Carlos Muñoz Jordán. • Agua de Dios goza de una legislación especial y amplia, que no la tiene ningún municipio o entidad estatal del país, es “sui generis” en este aspecto. • Con el correr de los días, tanto el Municipio como ente territorial, así como el Sanatorio, han presentado transformaciones como cualquier otro municipio del país o como cualquier entidad del Estado. El SANATORIO DE AGUA DE DIOS, que fuera establecido a partir de la Ley 39 de 1947 se convirtió en EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) con la expedición del Decreto 1288 de 1994 –junio 22- de conformidad a lo establecido en la Ley 100 de 1993, continuó siendo una entidad pública descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Lepra Alunos datos sobre la Lepra a tener en cuenta: La lepra es una enfermedad infecciosa, de nula transmisibilidad cuando está debidamente tratada, producida por la bacteria Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis, descubierta como agente causal del mal por el médico noruego Gerhard Armauer Hansen, debido a lo cual se los denomina, respectivamente, enfermedad de Hansen a una, y bacilo de Hansen a la otra. La lepra fue históricamente incurable, mutilante y vergonsoza, al punto de que, entre otras medidas, se decretó en 1909, por demanda de la "Sociedad de Patologías Exóticas, «la exclusión sistemática de los leprosos» y su reagrupamiento en Leproserías como medida esencial de profilaxis. Contagio: Es de difícil contagio. Según la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la transmisión es "de persona a persona" por un contacto directo y prolongado, calculado en aproximadamente de 3 a 5 años. Se produce entre un enfermo con posibilidad de transmitir la enfermedad (ya que no todos los que padecen lepra eliminan bacilos fuera de su organismo) y una persona sana susceptible. Es decir que debe mediar una predisposición especial para poder enfermar. La mayoría de las personas posee resistencia natural al Mycobacterium leprae. Tratamiento Se administra por vía oral Dapsona (DDS) (antibiótico) 50 a 100 mg/día. La posibilidad de resistencia a DDS se reduce si se administra simultáneamente rifampicina 10 mg por kg por día. Si hay fiebre, granulocitopenia o ictericia, se interrumpe la DDS y se administra Clofazimina 1 a 4 mg por kg por vía bucales. La talidomida es útil para el tratamiento del eritema nudoso de la lepra (ENL en mujeres embarazadas y se administra de 100 a 400 mg/día. Los corticosteroides también son útiles. La atención quirúrgica a las extremidades puede evitar deformidades. Cabe recordar que los fármacos se administrarán con precaución y en dosis lentamente crecientes y suprimirse cuando originan una reacción llamada "reacción de la lepra" con fiebre, anemia progresiva con leucopenia o sin ella; síntomas gastrointestinales graves, dermatitis alérgica, hepatitis, trastornos mentales o eritema nudoso. Los tratamientos por lo general se prolongan por años, ya que al suprimirlo es posible que se presente un recrudecimiento. La primera vacuna contra la enfermedad fue desarrollada por el Doctor venezolano Jacinto Convit, gracias al descubrimiento del bacilo, en cierto tipo de armadillo, que luego de ser inoculado y combinado con la vacuna para la tuberculosis resultó óptimo en el tratamiento. Prevención La prevención consiste en evitar el contacto físico cercano con personas que tengan esta enfermedad y que no hayan sido sometidas a tratamiento. Las personas afectadas con un tratamiento con medicamentos a largo plazo se vuelven no infecciosas (no transmiten el organismo que causa la enfermedad).oneda Colombia Lazareto 50 Centavos 1921 (Usado)

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Un Estado que no esté en capacidad de proteger a su población es indolente, ya que al no incluir en su agenda la solución a los problemas sociales que aquejan a la comunidad está atentando contra la paz. Los dirigentes políticos se han acostumbrado a conocer las atrocidades que cometen grupos criminales contra personas inocentes, sin preocuparse por investigar lo que sucede, por qué y quien lo hace. El Estado no se inmuta frente a la ola de violencia imperante, y los humildes campesinos son quienes más sufren, ya que cuando se presenta una masacre el gobierno trata de justificar sus acciones contra la población señalando a los muertos como subversivos, y mostrando ante la opinión pública pruebas incongruentes. El panorama en cuanto a la denuncia y encarcelamiento de los perpetradores de crímenes no es alentador, el presidente se preocupa más por proteger las fuerzas militares de sus acciones irresponsables sin ninguna planificación, que hacer verdadera justicia social. Los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común, los terratenientes, hacen de la suya en una nación que se desangra sin la protección adecuada a la ciudadanía. En Colombia lo que se quiso representar con la paloma de la paz con el olivo en su pico, pasó de ser blanca a negra porque esa es la verdadera realidad del país. En el libro se hace una serie de reflexiones y se presenta una encuesta sobre dicha problemática, junto con unas tipologías que reflejan la indiferencia de un Estado que no hace nada para acabar con las matanzas, que ponen en primera plana de la opinión internacional a una nación cuya bandera se tiñe de rojo con la muerte de inocentes.

La economía ha sido tradicionalmente vista a través de la lente de la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Sin embargo, uno de los recursos menos explorados en los modelos económicos clásicos es el tiempo. A pesar de su carácter intangible, el tiempo es un recurso esencial que, al igual que otros bienes y servicios, tiene un valor que impacta nuestras decisiones económicas. En este sentido, el concepto de la Economía de la Espera se presenta como una perspectiva innovadora que examina cómo la espera un fenómeno inherente a la experiencia humana influye en los procesos de toma de decisiones en contextos de incertidumbre y escasez. El tiempo de espera es una constante en nuestras vidas cotidianas. Desde la espera en una fila en el supermercado hasta la incertidumbre de un paciente esperando atención médica o un inversionista aguardando una respuesta en los mercados financieros, la experiencia de esperar es, de alguna manera, universal. Sin embargo, la manera en que las personas valoran y manejan este tiempo de espera varía considerablemente dependiendo del contexto. En el ámbito económico, la espera no solo es vista como una barrera temporal, sino como una decisión estratégica en la que los individuos y las empresas deben equilibrar la utilidad del recurso esperado con los costos implícitos de la espera misma. La economía de la espera se enmarca dentro de dos condiciones fundamentales: la incertidumbre y la escasez. En situaciones de incertidumbre, donde la información es incompleta o no está disponible, las decisiones se vuelven más complejas, y la espera es interpretada tanto como un riesgo como una oportunidad. La escasez, por otro lado, enfatiza la limitación de los recursos disponibles y la necesidad de tomar decisiones en un entorno donde el acceso a ciertos bienes o servicios no está garantizado. En este contexto, el tiempo de espera adquiere una dimensión económica decisivo, ya que no solo es un proceso temporal, sino también un factor determinante en la optimización de los recursos disponibles. Una de las grandes cuestiones que plantea la economía de la espera es cómo los individuos y las instituciones valoran ese tiempo de espera en función de las condiciones económicas y sociales que enfrentan. ¿Cómo afectan las expectativas de escasez o las percepciones de incertidumbre la disposición a esperar? ¿Cuánto valoramos el tiempo que pasamos esperando cuando no sabemos cuánto más demorará ese proceso o cuando no tenemos certeza de si el recurso o servicio que esperamos realmente estará disponible? Estas preguntas nos llevan a replantear la forma en que los modelos económicos tradicionales, basados en la maximización de la utilidad, consideran el tiempo y la toma de decisiones intertemporales. Además, la economía de la espera tiene implicaciones profundas en la política económica y en la manera en que se estructuran los sistemas económicos, en sectores clave como la salud, el transporte, la educación y la infraestructura pública. ¿Cómo debería el gobierno o las organizaciones económicas gestionar la espera para maximizar la eficiencia y la equidad? En un mundo de recursos limitados, ¿cómo debería el sistema económico garantizar que el tiempo de espera no se convierta en una barrera insuperable para los más vulnerables? Este campo también toca aspectos psicológicos y sociales: la ansiedad y la frustración que genera la espera, la percepción del valor del tiempo entre distintos grupos socioeconómicos y la variabilidad de la tolerancia a la espera dependiendo de factores culturales, demográficos o económicos. Las decisiones que toman las personas al enfrentarse a la espera ya sea por una oportunidad de inversión, por un bien escaso o por un servicio público no solo son racionales, sino influenciadas por su contexto social y personal. Este estudio tiene como objetivo explorar la valorización económica del tiempo de espera y proponer un marco teórico que permita integrar este concepto en los modelos clásicos de la teoría económica. Al hacerlo, se pretende ofrecer una comprensión más matizada de las decisiones económicas bajo condiciones de escasez e incertidumbre, y cómo las políticas públicas y las estrategias empresariales pueden ser diseñadas para gestionar de manera eficiente el recurso tiempo en contextos de espera. La economía de la espera no solo aporta una nueva dimensión al estudio económico tradicional, sino que también ofrece un campo fértil para desarrollar nuevas teorías y enfoques que permitan optimizar la utilización de los recursos temporales en un mundo cada vez más interconectado y con más incertidumbre. La incorporación de la espera en los modelos económicos es una de las claves para abordar algunos de los problemas más complejos del siglo XXI, desde la gestión de los servicios públicos hasta las decisiones empresariales y la política económica global. Este trabajo explorará la naturaleza del tiempo de espera, su impacto en las decisiones económicas de los agentes individuales y colectivos, y las implicaciones que tiene para la política pública y la eficiencia económica en general. En el libro se presenta una encuesta y una serie de tipologías, lo mismo que algunas reflexiones finales.

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J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos y exsenador republicano por Ohio, ha emergido como una de las figuras más prominentes dentro del Partido Republicano en los últimos años. Su trayectoria política, inicialmente marcada por una postura crítica hacia Donald Trump, ha dado un giro hacia una firme alineación con el presidente, tras su reelección en 2024. Este cambio lo ha consolidado como un defensor clave de las políticas populistas y conservadoras que movilizan a una gran parte de la base republicana, y le ha permitido ascender rápidamente dentro de la administración Trump, convirtiéndose en su vicepresidente. Un factor que podría acelerar el ascenso de Vance a la presidencia en el futuro es la avanzada edad de Donald Trump. A los 78 años, enfrenta los retos naturales de la edad, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad para completar su segundo mandato o incluso sobre si contemplará la posibilidad de un tercer mandato, si las leyes lo permiten. En este contexto, Vance, con apenas 39 años, representa una figura joven y energizante, y muchos lo consideran un sucesor natural de Trump. Su cercanía ideológica con el presidente, combinada con su capacidad para conectar con una nueva generación de votantes republicanos, lo posiciona como una opción viable para continuar con el legado de Trump en el Partido Republicano y, eventualmente, en la Casa Blanca. De manera similar a cómo Kamala Harris se perfiló como la sucesora natural de Joe Biden en el Partido Demócrata, Vance ha sido visto como el aliado joven y leal que podría continuar con la agenda MAGA (Make America Great Again). Esta relación de respaldo mutuo es fundamental para su ascenso. Si bien Trump sigue siendo la figura central del Partido Republicano, Vance ha logrado ganar la confianza de la base populista y, al mismo tiempo, atraer a un electorado más joven que busca un liderazgo dinámico, adaptado a los retos contemporáneos. En este análisis, se examina cómo la edad de Trump, sumada a la lealtad de Vance al movimiento MAGA y su rol como vicepresidente, lo coloca en una trayectoria que podría llevarlo a la presidencia de los Estados Unidos en el futuro. Ya sea a través de una sucesión en caso de que Trump no pueda completar su mandato por razones de salud o como candidato directo en 2028, Vance se beneficia de una transición política en la que Trump lo apoya como su sucesor, reforzando la posibilidad de que Vance pueda consolidarse como el próximo líder del Partido Republicano y, con el tiempo, lograr la presidencia. J.D. Vance, como vicepresidente bajo el gobierno de Trump, se encuentra en una posición privilegiada para ser considerado el sucesor natural de Trump, ya sea en un escenario de sucesión por cuestiones de salud del presidente o en su candidatura directa para las elecciones presidenciales de 2028. El libro presenta una encuesta y una serie de reflexiones finales sobre el papel de Vance en la política estadounidense, su ascenso a la vicepresidencia y las posibles implicaciones para el futuro del Partido Republicano, considerando su relación con Trump y su capacidad para conectar con las distintas facciones del electorado republicano.

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La corrupción política en Colombia va en ascenso y es permanente en una sociedad que ha perdido sus valores. Son varias familias de políticos que buscan perpetuarse en el poder, es así como los Char de la Costa, los Saile en Córdoba, los Gnecco en el Cesar, los Zucardi en Bolívar, los Aguilar en Bucaramanga, los Toro en Cali, por mencionar algunos, compran votos, arrebatan tierras a los humildes campesinos, hacen millonarias contrataciones ilegales en obras públicas y asesorías desfalcando al Estado. Aunque algunos han sido condenados, luego son premiados con penas irrisorias que pagan en la comodidad de sus hogares. Extienden sus tentáculos haciendo alianzas con otros grupos para mantenerse en el poder. Ocupan altos cargos en entidades públicas, y desde esa tribuna compran campañas políticas con el dinero sucio, heredando el poder a sus familiares para mantener la hegemonía y el control de las regiones. En el libro se presenta un análisis sobre el accionar delictivo de estas familias que, aunque en oportunidades se las ha denunciado por los medios de comunicación, que en ocasiones son cómplices, siempre han sabido desviar cualquier investigación en su contra. Cuando son interrogados por algunos señalamientos que se les hace, manifiestan que son personas éticas, que “le sirven a la nación” y que todo obedece a una persecución política orquestada por sus adversarios. Aunque la opinión pública sabe que lo que afirman es una mentira, la fuerza de las maquinarias se impone permitiéndoles estar presentes en los procesos electorales llegando al Senado y la Cámara de Representantes donde establecen un fortín político que los afianza cada vez más en el poder. Pretendo con este libro hacer una reflexión para que en un tiempo no lejano se puedan acabar esas prácticas corruptas y depurar la política en Colombia con la idea de lograr una mayor equidad social. Se presenta también una encuesta y una serie de tipologías para dar una mayor precisión sobre la problemática existente.

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El reclutamiento forzoso de civiles para participar en guerras ha sido un tema de debate y controversia durante siglos. En muchos países, durante conflictos de gran escala o en situaciones de guerra total, los gobiernos han recurrido a la conscripción obligatoria para movilizar a sus poblaciones y asegurar el esfuerzo bélico. Sin embargo, la idea de que los ciudadanos deben ser obligados a participar en guerras va en contra de principios fundamentales como la autonomía personal, los derechos humanos y los valores democráticos. Este enfoque plantea serias preguntas sobre la moralidad y la justicia, así como sobre el impacto social y psicológico de la participación forzada en un conflicto. Una de las razones por las que los civiles no deben ser obligados a participar en las guerras es el respeto al derecho a la autonomía personal. La libertad de decidir sobre la propia vida es un principio básico que debería prevalecer en cualquier sociedad democrática. Obligar a un ciudadano a participar en una guerra puede ser visto como una violación de su libertad fundamental. Cada persona tiene el derecho de decidir sobre su propio destino, sus creencias y sus valores. La participación obligatoria en una guerra, especialmente si esta va en contra de las convicciones personales, representa una forma de coerción que tiene efectos catastróficos en la dignidad humana. Además, la conscripción obligatoria tiene consecuencias psicosociales graves tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. La experiencia de combatir en una guerra es traumática, y las personas que son forzadas a participar en ella sufren problemas emocionales y psicológicos a largo plazo, como estrés postraumático, ansiedad y depresión. Estos efectos no solo afectan a los combatientes, sino también a sus familias y comunidades, quienes enfrentan el impacto de la violencia y el sufrimiento. Obligar a los civiles a involucrarse en conflictos bélicos sin tener en cuenta su disposición tiene un costo humano inmenso, que perdura mucho después de que la guerra haya terminado. Desde una perspectiva ética, forzar a los civiles a participar en una guerra también es contraproducente desde el punto de vista militar. Un ejército compuesto por personas que no están comprometidas con la causa o que son reacias a combatir probablemente será menos eficiente que uno compuesto por individuos que se enlistan de manera voluntaria. La falta de motivación y el resentimiento hacia la guerra disminuye la moral de los soldados, lo que lleva a una menor efectividad en el campo de batalla. Además, las personas obligadas a luchar en un conflicto en el que no creen experimentan una falta de preparación y entrenamiento, lo que aumenta las bajas y los errores tácticos. Otro argumento importante es que la participación obligatoria en una guerra afecta negativamente la legitimidad de los gobiernos y las instituciones democráticas. En una democracia, la confianza en el gobierno y las instituciones es fundamental para el funcionamiento del sistema político. Obligar a los ciudadanos a participar en un conflicto sin su consentimiento es percibido como un abuso de poder. Esto no solo debilita la confianza en las autoridades, sino que también da lugar a protestas, movimientos de resistencia y un mayor descontento social. El gobierno pierde su legitimidad cuando no respeta las decisiones individuales de sus ciudadanos y los arrastra a la guerra sin su aprobación. La imposición de la guerra a los civiles genera una división social. En muchas sociedades, la guerra no solo enfrenta a las fuerzas combatientes en el campo de batalla, sino que también divide a la población civil. Aquellos que son llamados a luchar se sienten víctimas del sistema, mientras que aquellos que permanecen en el hogar son vistos como ajenos al sufrimiento. Esta polarización social daña la cohesión y la unidad nacional, creando tensiones que perduran mucho después de que termine el conflicto. En lugar de fomentar el sentido de solidaridad y unidad, la conscripción obligatoria genera hostilidad y resentimiento. En el libro se presenta una encuesta, una serie de tipologías y reflexiones finales.

Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos en 2025, el enfoque hacia la inmigración ha sido uno de los temas centrales de su administración, especialmente con la propuesta de deportación masiva de migrantes indocumentados. Esta política se basa en su narrativa de que la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional y debe ser detenida de forma tajante. Durante su campaña y en sus primeros días de gobierno, Trump ha enfatizado su postura de endurecer las leyes migratorias, destacando las deportaciones como una medida clave para restaurar lo que considera la "seguridad" del país. Una de las propuestas más controvertidas de su administración es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que fue creada en un contexto completamente distinto, en tiempos de guerra, y que le otorgaba al presidente poderes extraordinarios para deportar a extranjeros considerados enemigos. Trump ha sugerido que esta ley podría ser utilizada en tiempos de paz, argumentando que la inmigración ilegal y la presencia de grupos criminales asociados con el narcotráfico y las pandillas constituyen una amenaza similar a una invasión. Esto abre un debate sobre si dicha aplicación es constitucional, ya que la ley fue pensada para situaciones bélicas y su uso en tiempos de paz podría interpretarse como un abuso de poder. El uso de esta ley no solo afecta a los inmigrantes indocumentados, sino que también podría tener consecuencias graves para el sistema judicial de inmigración, al eliminar o reducir los procesos legales que actualmente permiten a los migrantes defender su derecho a permanecer en el país. Esto podría resultar en la expulsión de miles de personas sin una adecuada revisión judicial, lo que genera preocupaciones sobre la violación de derechos humanos y el debido proceso. Además, el enfoque de deportación masiva genera un clima de miedo y ansiedad dentro de las comunidades migrantes, especialmente aquellas conformadas por familias mixtas, niños y jóvenes que han crecido en los EE. UU. y que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las consecuencias sociales de estas políticas pueden ser devastadoras, tanto para los migrantes como para las comunidades que dependen de su mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Dentro de este contexto, la resistencia a estas políticas no ha sido solo una respuesta de los migrantes, sino también de diversos sectores de la sociedad estadounidense, incluidas organizaciones de derechos humanos, líderes locales y sectores de la economía que dependen de la fuerza laboral migrante. Además, los tribunales están llamados a intervenir, dado que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fuera del contexto para el que fue diseñada podría ser considerado inconstitucional. En cuanto a las alternativas a la deportación masiva, muchos proponen medidas que incluyan un enfoque más humano, como la regularización de ciertos grupos de migrantes a través de programas de amnistía o el fortalecimiento de los sistemas legales y de integración. Sin embargo, mientras el debate sobre cómo abordar la inmigración ilegal sigue en pie, las políticas de Trump continúan siendo un punto de conflicto, reflejando la polarización de la sociedad estadounidense en torno a este tema. La postura de Trump sobre la inmigración y las políticas de deportación masiva plantean importantes retos tanto en términos legales como sociales. Las repercusiones de su enfoque afectarán a millones de personas, desde aquellos que viven bajo la amenaza constante de la deportación hasta las comunidades que dependen de los inmigrantes para su prosperidad económica. Las decisiones tomadas en este ámbito podrían tener un impacto duradero en la sociedad estadounidense, con implicaciones que van más allá de la simple política migratoria, tocando aspectos fundamentales de derechos humanos, justicia social y cohesión nacional. En el libro se presenta una encuesta una serie de tipologías y reflexiones finales.