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Un Estado que no esté en capacidad de proteger a su población es indolente, ya que al no incluir en su agenda la solución a los problemas sociales que aquejan a la comunidad está atentando contra la paz. Los dirigentes políticos se han acostumbrado a conocer las atrocidades que cometen grupos criminales contra personas inocentes, sin preocuparse por investigar lo que sucede, por qué y quien lo hace. El Estado no se inmuta frente a la ola de violencia imperante, y los humildes campesinos son quienes más sufren, ya que cuando se presenta una masacre el gobierno trata de justificar sus acciones contra la población señalando a los muertos como subversivos, y mostrando ante la opinión pública pruebas incongruentes. El panorama en cuanto a la denuncia y encarcelamiento de los perpetradores de crímenes no es alentador, el presidente se preocupa más por proteger las fuerzas militares de sus acciones irresponsables sin ninguna planificación, que hacer verdadera justicia social. Los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común, los terratenientes, hacen de la suya en una nación que se desangra sin la protección adecuada a la ciudadanía. En Colombia lo que se quiso representar con la paloma de la paz con el olivo en su pico, pasó de ser blanca a negra porque esa es la verdadera realidad del país. En el libro se hace una serie de reflexiones y se presenta una encuesta sobre dicha problemática, junto con unas tipologías que reflejan la indiferencia de un Estado que no hace nada para acabar con las matanzas, que ponen en primera plana de la opinión internacional a una nación cuya bandera se tiñe de rojo con la muerte de inocentes.

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Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos en 2025, el enfoque hacia la inmigración ha sido uno de los temas centrales de su administración, especialmente con la propuesta de deportación masiva de migrantes indocumentados. Esta política se basa en su narrativa de que la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional y debe ser detenida de forma tajante. Durante su campaña y en sus primeros días de gobierno, Trump ha enfatizado su postura de endurecer las leyes migratorias, destacando las deportaciones como una medida clave para restaurar lo que considera la "seguridad" del país. Una de las propuestas más controvertidas de su administración es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que fue creada en un contexto completamente distinto, en tiempos de guerra, y que le otorgaba al presidente poderes extraordinarios para deportar a extranjeros considerados enemigos. Trump ha sugerido que esta ley podría ser utilizada en tiempos de paz, argumentando que la inmigración ilegal y la presencia de grupos criminales asociados con el narcotráfico y las pandillas constituyen una amenaza similar a una invasión. Esto abre un debate sobre si dicha aplicación es constitucional, ya que la ley fue pensada para situaciones bélicas y su uso en tiempos de paz podría interpretarse como un abuso de poder. El uso de esta ley no solo afecta a los inmigrantes indocumentados, sino que también podría tener consecuencias graves para el sistema judicial de inmigración, al eliminar o reducir los procesos legales que actualmente permiten a los migrantes defender su derecho a permanecer en el país. Esto podría resultar en la expulsión de miles de personas sin una adecuada revisión judicial, lo que genera preocupaciones sobre la violación de derechos humanos y el debido proceso. Además, el enfoque de deportación masiva genera un clima de miedo y ansiedad dentro de las comunidades migrantes, especialmente aquellas conformadas por familias mixtas, niños y jóvenes que han crecido en los EE. UU. y que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las consecuencias sociales de estas políticas pueden ser devastadoras, tanto para los migrantes como para las comunidades que dependen de su mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Dentro de este contexto, la resistencia a estas políticas no ha sido solo una respuesta de los migrantes, sino también de diversos sectores de la sociedad estadounidense, incluidas organizaciones de derechos humanos, líderes locales y sectores de la economía que dependen de la fuerza laboral migrante. Además, los tribunales están llamados a intervenir, dado que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fuera del contexto para el que fue diseñada podría ser considerado inconstitucional. En cuanto a las alternativas a la deportación masiva, muchos proponen medidas que incluyan un enfoque más humano, como la regularización de ciertos grupos de migrantes a través de programas de amnistía o el fortalecimiento de los sistemas legales y de integración. Sin embargo, mientras el debate sobre cómo abordar la inmigración ilegal sigue en pie, las políticas de Trump continúan siendo un punto de conflicto, reflejando la polarización de la sociedad estadounidense en torno a este tema. La postura de Trump sobre la inmigración y las políticas de deportación masiva plantean importantes retos tanto en términos legales como sociales. Las repercusiones de su enfoque afectarán a millones de personas, desde aquellos que viven bajo la amenaza constante de la deportación hasta las comunidades que dependen de los inmigrantes para su prosperidad económica. Las decisiones tomadas en este ámbito podrían tener un impacto duradero en la sociedad estadounidense, con implicaciones que van más allá de la simple política migratoria, tocando aspectos fundamentales de derechos humanos, justicia social y cohesión nacional. En el libro se presenta una encuesta una serie de tipologías y reflexiones finales.

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Colombia es un país donde los derechos humanos no son tenidos en cuenta y donde la clase política solo busca el usufructo personal. Las masacres son el pan de cada día, de personas que protestan contra el gobierno de turno, por la carencia de políticas que permitan acabar con la violencia, propiciada por los insurgentes, las bandas criminales, el narcotráfico y el Estado mismo. Es un paraíso para la impunidad ya que muchos políticos están involucrados en actividades delincuenciales y donde la corrupción pública es imperante. La clase dirigente terrateniente se ha encargado de contribuir con el desplazamiento forzado de familias campesinas que tienen que huir de los conflictos abandonando sus predios, los cuales terminan en manos de hacendados y a empresas que patrocinan a quienes llegan al poder para mantener sus privilegios. Los presidentes que han llegado al poder se lavan las manos como “pilatos” y no han hecho mayor cosa por evitar que se vulneren los derechos humanos en Colombia presentando una imagen negativa en el contexto internacional. En el libro se presenta una radiografía sobre los derechos humanos en Colombia y el papel que han tenido los últimos gobiernos, además se presenta al lector una serie de tipologías con los principales vulneradores de los derechos humanos.