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Colombia 192COLOMBIA 1928 50 CENTAVOS LAZARETO HAGA SU OFERTA. LEPROSARIUM Lepar Colony Coin LEPROSARIUM COINAGE Special coinage for use in the three government leper colonies (Lazareto is Spanish) of Agua de Dios, Cano de Lord, and Contratacion. The hospitals were closed in the late 1950s and patients were allowed to exchange these special coins for regular currency at any bank. TOKEN YEAR :1928 VALUE :50 CENTAVOS METAL: BRASS WEIGHT :9.8 G THICKNESS 1.75 mm SHAPE : ROUND ORIENTATIION: COIN ALIGMENT DEMONETIZED:YES 50.000 Mintage REFERE4NCE :KM#L 14 D: 30.2 mm Leprosy colony money8 50 Centavos Lazareto Leprosario (Usado) Fletes a cargo del comprador-Pago.Mercadopago.Despacho solo en Colombia. Ubicacion Medellin.

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El relato bíblico de Sodoma y Gomorra es una de las historias más conocidas sobre la decadencia moral, la injusticia y la corrupción humana. Según las Escrituras, estas ciudades fueron destruidas por Dios debido a su inmoralidad, violencia, abuso de poder y desprecio por los más necesitados. En el contexto moderno, muchos perciben paralelismos entre los problemas que enfrentan esas ciudades en la antigüedad y las realidades sociales contemporáneas. La corrupción política, la violencia, la desigualdad, la crisis medioambiental, y la desconexión espiritual son solo algunos de los problemas que reflejan una decadencia similar. La comparación con Sodoma y Gomorra no se limita a un enfoque religioso o apocalíptico, sino que busca llamar la atención sobre los retos éticos y sociales de hoy. Aunque no se trata de un juicio divino literal, el análisis resalta las consecuencias de ignorar principios fundamentales como la justicia, la ética y la solidaridad. La decadencia social y moral, alimentada por el individualismo, la codicia y la desinformación, amenaza con llevar a la humanidad por un camino peligroso. En lugar de caer en el pesimismo, esta reflexión invita a la acción colectiva para evitar que los problemas se profundicen. La historia de Sodoma y Gomorra ofrece una oportunidad para reconsiderar los valores que estamos promoviendo en nuestras sociedades en un mundo globalizado y tecnológicamente interconectado, pero cada vez más desconectado espiritualmente. La búsqueda desenfrenada de satisfacción individual, poder y dinero está dejando a muchas personas con una sensación de vacío y desesperanza. El llamado no es solo a la reflexión religiosa, sino a un compromiso ético y social. La decadencia moral no es algo exclusivo del pasado, sino un desafío recurrente a lo largo de la historia. Reconocer los patrones de comportamiento que llevaron a la caída de esas ciudades puede ayudarnos a evitar que se repitan en el futuro. Si logramos reorientar nuestros valores hacia el bien común, la justicia, la verdad y el respeto por la vida, es posible transformar nuestra sociedad y evitar la destrucción. El libro también presenta una encuesta, una serie de tipologías y reflexiones finales que profundizan en este tema y ofrece una oportunidad para el cambio.

Colombia es un país donde los derechos humanos no son tenidos en cuenta y donde la clase política solo busca el usufructo personal. Las masacres son el pan de cada día, de personas que protestan contra el gobierno de turno, por la carencia de políticas que permitan acabar con la violencia, propiciada por los insurgentes, las bandas criminales, el narcotráfico y el Estado mismo. Es un paraíso para la impunidad ya que muchos políticos están involucrados en actividades delincuenciales y donde la corrupción pública es imperante. La clase dirigente terrateniente se ha encargado de contribuir con el desplazamiento forzado de familias campesinas que tienen que huir de los conflictos abandonando sus predios, los cuales terminan en manos de hacendados y a empresas que patrocinan a quienes llegan al poder para mantener sus privilegios. Los presidentes que han llegado al poder se lavan las manos como “pilatos” y no han hecho mayor cosa por evitar que se vulneren los derechos humanos en Colombia presentando una imagen negativa en el contexto internacional. En el libro se presenta una radiografía sobre los derechos humanos en Colombia y el papel que han tenido los últimos gobiernos, además se presenta al lector una serie de tipologías con los principales vulneradores de los derechos humanos.

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Colombia ha sido históricamente uno de los principales productores y exportadores de cocaína en el mundo, lo que ha tenido profundas implicaciones tanto para su desarrollo social como para su economía y seguridad. A lo largo de las últimas décadas, el cultivo de la coca y su transformación en cocaína ha sido un fenómeno asociado no solo con el narcotráfico, sino también con la violencia, la corrupción y las dificultades para implementar políticas públicas efectivas en diversas regiones del país. El auge de la cocaína en Colombia no es un fenómeno aislado, responde a una serie de factores históricos, económicos y sociales que incluyen la desigualdad, la pobreza en las zonas rurales y el debilitamiento de las instituciones del Estado en algunas regiones. Además, la presencia de guerrillas, paramilitares y carteles de narcotráfico. A través de esta reflexión, se busca entender cómo la realidad de ser un "país cocalero" ha afectado a Colombia, no solo en términos de su imagen internacional, sino también en la vida cotidiana de millones de colombianos que han vivido, y siguen viviendo, las consecuencias de este flagelo. ¿Qué significa para Colombia ser un país que produce y trafica una de las drogas más destructivas del mundo? ¿Cuáles son las repercusiones sociales, políticas y económicas de esta realidad? Estas preguntas son clave para comprender la relación entre el narcotráfico y la sociedad colombiana. La "desgracia" de ser un país cocalero no solo hace referencia al daño directo que causa la cocaína, sino también a los costos indirectos en términos de gobernabilidad, desarrollo humano y bienestar. Sin embargo, en medio de este panorama, es vital reconocer también los esfuerzos que el país ha realizado en términos de políticas de erradicación, sustitución de cultivos y cooperación internacional. La lucha contra el narcotráfico y sus efectos sigue siendo una de las prioridades de los gobiernos colombianos, aunque los resultados han sido, en muchos casos, mixtos. El narcotráfico ha sido uno de los problemas más persistentes y complejos en Colombia durante más de medio siglo, y su impacto en el país ha sido profundo, afectando tanto a las zonas rurales como a las urbanas. Colombia, históricamente conocida como un importante productor de cocaína, ha sido escenario de un conflicto armado prolongado en el que varios actores, incluidos los grupos guerrilleros, los paramilitares, y las bandas criminales, se han financiado, en parte, a través de los ingresos provenientes del narcotráfico. La violencia, la desigualdad social, la falta de presencia estatal en las regiones rurales, y la pobreza estructural han creado un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de actividades ilícitas, como el cultivo de coca. La relación entre el narcotráfico y los grupos armados ilegales ha sido particularmente significativa, ya que estos actores han utilizado el negocio de la cocaína no solo como una fuente de financiación, sino también como una forma de control territorial y de fortalecimiento de sus estructuras. Mientras tanto, el Estado colombiano, a través de diferentes administraciones, ha implementado diversas estrategias para combatir este fenómeno, desde políticas de erradicación de cultivos ilícitos hasta acuerdos de paz con actores como las FARC, pero los resultados han sido dispares y han generado tanto éxitos como fracasos. El narcotráfico no solo ha alimentado la violencia armada, sino que también ha tenido consecuencias profundas para la política y economía del país. El dinero del narcotráfico ha corrompido instituciones y debilitado el Estado de derecho, mientras que las comunidades rurales, particularmente aquellas en regiones productoras de coca, han quedado atrapadas en un ciclo de pobreza, desplazamiento y desesperanza. En este contexto, la relación entre el narcotráfico, los grupos armados ilegales y el Estado se vuelve un tema vital para comprender los desafíos actuales en Colombia. El futuro de la paz y el desarrollo rural en el país depende de cómo se aborden los problemas estructurales que permiten que el narcotráfico siga siendo una de las principales fuentes de violencia y desigualdad social en las zonas más afectadas. Esta problemática, por lo tanto, requiere un enfoque integral que no solo contemple la erradicación de cultivos ilícitos o el desmantelamiento de las estructuras criminales, sino también una estrategia de desarrollo que brinde alternativas viables a las comunidades rurales y combata las causas profundas que perpetúan este ciclo de violencia y pobreza. Este análisis busca explorar cómo las políticas públicas, las estrategias de paz, las dinámicas del narcotráfico y los grupos armados ilegales han modelado el conflicto en Colombia, y cómo se pueden crear soluciones más efectivas y sostenibles para reducir su influencia en la sociedad colombiana. En el libro se presenta una encuesta una serie de tipologías y reflexiones finales.

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Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos en 2025, el enfoque hacia la inmigración ha sido uno de los temas centrales de su administración, especialmente con la propuesta de deportación masiva de migrantes indocumentados. Esta política se basa en su narrativa de que la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional y debe ser detenida de forma tajante. Durante su campaña y en sus primeros días de gobierno, Trump ha enfatizado su postura de endurecer las leyes migratorias, destacando las deportaciones como una medida clave para restaurar lo que considera la "seguridad" del país. Una de las propuestas más controvertidas de su administración es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que fue creada en un contexto completamente distinto, en tiempos de guerra, y que le otorgaba al presidente poderes extraordinarios para deportar a extranjeros considerados enemigos. Trump ha sugerido que esta ley podría ser utilizada en tiempos de paz, argumentando que la inmigración ilegal y la presencia de grupos criminales asociados con el narcotráfico y las pandillas constituyen una amenaza similar a una invasión. Esto abre un debate sobre si dicha aplicación es constitucional, ya que la ley fue pensada para situaciones bélicas y su uso en tiempos de paz podría interpretarse como un abuso de poder. El uso de esta ley no solo afecta a los inmigrantes indocumentados, sino que también podría tener consecuencias graves para el sistema judicial de inmigración, al eliminar o reducir los procesos legales que actualmente permiten a los migrantes defender su derecho a permanecer en el país. Esto podría resultar en la expulsión de miles de personas sin una adecuada revisión judicial, lo que genera preocupaciones sobre la violación de derechos humanos y el debido proceso. Además, el enfoque de deportación masiva genera un clima de miedo y ansiedad dentro de las comunidades migrantes, especialmente aquellas conformadas por familias mixtas, niños y jóvenes que han crecido en los EE. UU. y que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las consecuencias sociales de estas políticas pueden ser devastadoras, tanto para los migrantes como para las comunidades que dependen de su mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Dentro de este contexto, la resistencia a estas políticas no ha sido solo una respuesta de los migrantes, sino también de diversos sectores de la sociedad estadounidense, incluidas organizaciones de derechos humanos, líderes locales y sectores de la economía que dependen de la fuerza laboral migrante. Además, los tribunales están llamados a intervenir, dado que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fuera del contexto para el que fue diseñada podría ser considerado inconstitucional. En cuanto a las alternativas a la deportación masiva, muchos proponen medidas que incluyan un enfoque más humano, como la regularización de ciertos grupos de migrantes a través de programas de amnistía o el fortalecimiento de los sistemas legales y de integración. Sin embargo, mientras el debate sobre cómo abordar la inmigración ilegal sigue en pie, las políticas de Trump continúan siendo un punto de conflicto, reflejando la polarización de la sociedad estadounidense en torno a este tema. La postura de Trump sobre la inmigración y las políticas de deportación masiva plantean importantes retos tanto en términos legales como sociales. Las repercusiones de su enfoque afectarán a millones de personas, desde aquellos que viven bajo la amenaza constante de la deportación hasta las comunidades que dependen de los inmigrantes para su prosperidad económica. Las decisiones tomadas en este ámbito podrían tener un impacto duradero en la sociedad estadounidense, con implicaciones que van más allá de la simple política migratoria, tocando aspectos fundamentales de derechos humanos, justicia social y cohesión nacional. En el libro se presenta una encuesta una serie de tipologías y reflexiones finales.