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El juego pretende crear cultura ciudadana, frente a la problemática de la corrupción política motivada por las familias o clanes que tienen el control de las instituciones en muchas regiones de Colombia. Con el juego se pretende desarrollar una pedagogía para reducir los índices de corrupción llevadas a cabo por los clanes políticos, evidenciando las causales por las cuales los sufragantes son promotores de dichos comportamientos. La idea es identificar mediante el juego las modalidades utilizadas por los CLANES POLÍTICOS CORRUPTOS, para hacerse con el poder y, sancionarlos para que no hagan de las suyas en las VOTACIONES ELECTORALES. Se trata de un juego de mesa muy divertido, en el que hay casillas donde al JUGADOR lo devuelven (sanción), pero también otras donde puede avanzar (recompensa). El juego tiene 130 casillas a recorrer con obstáculos de toda índole (referentes a “marrullas” empleadas por los clanes para apoderarse de las curules) Se juega con una ficha (por cada jugador) y un dado. Pueden jugar hasta 4 competidores(as). Se da comienzo al juego de izquierda a derecha y, el jugador(a) que saque el número más pequeño sale primero. Lo pueden jugar todos en casa IMPRIMIENDO el tablero y pegándolo en un cartón o tabla, también dibujándolo en una hoja cuadriculada y coloreándolo.

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Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de los Estados Unidos en 2025, el enfoque hacia la inmigración ha sido uno de los temas centrales de su administración, especialmente con la propuesta de deportación masiva de migrantes indocumentados. Esta política se basa en su narrativa de que la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional y debe ser detenida de forma tajante. Durante su campaña y en sus primeros días de gobierno, Trump ha enfatizado su postura de endurecer las leyes migratorias, destacando las deportaciones como una medida clave para restaurar lo que considera la "seguridad" del país. Una de las propuestas más controvertidas de su administración es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que fue creada en un contexto completamente distinto, en tiempos de guerra, y que le otorgaba al presidente poderes extraordinarios para deportar a extranjeros considerados enemigos. Trump ha sugerido que esta ley podría ser utilizada en tiempos de paz, argumentando que la inmigración ilegal y la presencia de grupos criminales asociados con el narcotráfico y las pandillas constituyen una amenaza similar a una invasión. Esto abre un debate sobre si dicha aplicación es constitucional, ya que la ley fue pensada para situaciones bélicas y su uso en tiempos de paz podría interpretarse como un abuso de poder. El uso de esta ley no solo afecta a los inmigrantes indocumentados, sino que también podría tener consecuencias graves para el sistema judicial de inmigración, al eliminar o reducir los procesos legales que actualmente permiten a los migrantes defender su derecho a permanecer en el país. Esto podría resultar en la expulsión de miles de personas sin una adecuada revisión judicial, lo que genera preocupaciones sobre la violación de derechos humanos y el debido proceso. Además, el enfoque de deportación masiva genera un clima de miedo y ansiedad dentro de las comunidades migrantes, especialmente aquellas conformadas por familias mixtas, niños y jóvenes que han crecido en los EE. UU. y que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las consecuencias sociales de estas políticas pueden ser devastadoras, tanto para los migrantes como para las comunidades que dependen de su mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios. Dentro de este contexto, la resistencia a estas políticas no ha sido solo una respuesta de los migrantes, sino también de diversos sectores de la sociedad estadounidense, incluidas organizaciones de derechos humanos, líderes locales y sectores de la economía que dependen de la fuerza laboral migrante. Además, los tribunales están llamados a intervenir, dado que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fuera del contexto para el que fue diseñada podría ser considerado inconstitucional. En cuanto a las alternativas a la deportación masiva, muchos proponen medidas que incluyan un enfoque más humano, como la regularización de ciertos grupos de migrantes a través de programas de amnistía o el fortalecimiento de los sistemas legales y de integración. Sin embargo, mientras el debate sobre cómo abordar la inmigración ilegal sigue en pie, las políticas de Trump continúan siendo un punto de conflicto, reflejando la polarización de la sociedad estadounidense en torno a este tema. La postura de Trump sobre la inmigración y las políticas de deportación masiva plantean importantes retos tanto en términos legales como sociales. Las repercusiones de su enfoque afectarán a millones de personas, desde aquellos que viven bajo la amenaza constante de la deportación hasta las comunidades que dependen de los inmigrantes para su prosperidad económica. Las decisiones tomadas en este ámbito podrían tener un impacto duradero en la sociedad estadounidense, con implicaciones que van más allá de la simple política migratoria, tocando aspectos fundamentales de derechos humanos, justicia social y cohesión nacional. En el libro se presenta una encuesta una serie de tipologías y reflexiones finales.

La policrisis mundial motivada por la hipocresía de las grandes potencias refleja una serie de contradicciones estructurales en el sistema político global que están llevando al mundo hacia una compleja intersección de crisis simultáneas, muchas veces interrelacionadas entre sí. Este fenómeno se caracteriza por una desconexión cada vez mayor entre los discursos y principios que defienden las potencias mundiales en el ámbito internacional y las acciones concretas que llevan a cabo en sus políticas exteriores, económicas y sociales. Las grandes potencias, como los Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia, están involucradas en dinámicas geopolíticas que favorecen, en muchos casos, sus intereses inmediatos y estratégicos a expensas de un enfoque integral y justo para resolver los problemas globales. A nivel social, la hipocresía de estas potencias se traduce en un doble discurso. Mientras que los gobiernos promueven la defensa de los derechos humanos, la democracia y el respeto por la soberanía de los pueblos, al mismo tiempo siguen alimentando regímenes autoritarios o intervienen en países en desarrollo con fines geopolíticos y económicos, sin importar las consecuencias humanitarias. Por ejemplo, intervenciones militares como las que se han dado en Oriente Medio, o la continua injerencia en África, se presentan como "acciones para la paz" o "luchas contra el terrorismo", pero sus consecuencias son catastróficas: desplazamiento forzado, muertes masivas de civiles, destrucción de infraestructuras, y una proliferación de grupos armados y tensiones sectarias. Esta incoherencia entre el discurso y la práctica, lejos de traer paz, ha perpetuado ciclos de violencia y vulnerabilidad en las regiones más necesitadas. En el ámbito político, las contradicciones son igualmente evidentes. Las grandes potencias tienen una tendencia a defender sus intereses nacionales en lugar de trabajar hacia un sistema global más equitativo y cooperativo. A pesar de sus permanentes declaraciones a favor de la cooperación internacional y la resolución pacífica de conflictos, muchas veces sus políticas están dictadas por cálculos egoístas que priorizan el control de recursos estratégicos, la expansión de su influencia geopolítica o el mantenimiento de sus economías de mercado. La crisis de los refugiados, el cambio climático, las guerras comerciales, y la desigualdad global son ejemplos palpables de cómo las decisiones de las grandes potencias, motivadas por intereses nacionales a corto plazo, han fracasado en abordar las cuestiones globales de manera efectiva y justa. El impacto ambiental de la hipocresía de estas potencias es igualmente desastroso. En nombre del crecimiento económico, las grandes potencias han sido responsables de gran parte de la destrucción ecológica y de la aceleración del cambio climático. Mientras predican la necesidad de un compromiso global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover energías limpias, siguen fomentando el uso de combustibles fósiles, incentivando proyectos destructivos como la minería a gran escala y los monocultivos, y manteniendo acuerdos comerciales que favorecen la explotación insostenible de los recursos naturales. Además, las ayudas internacionales para mitigar el cambio climático están condicionadas a intereses económicos, lo que limita su efectividad. Este enfoque miope y contradictorio no solo agrava el calentamiento global, sino que también perjudica a las comunidades más vulnerables, que son las que menos han contribuido a la crisis ambiental. La desigualdad global es otro de los efectos directos de la policrisis alimentada por la hipocresía de las grandes potencias. En lugar de utilizar su poder y recursos para promover una mayor equidad económica y social, muchas de estas naciones favorecen sistemas que perpetúan la pobreza y la dependencia en el Sur Global. Las políticas comerciales injustas, las cargas de deuda externa, las políticas de austeridad impuestas por instituciones como el FMI, y las estructuras de poder en las organizaciones internacionales que representan a estas grandes potencias, contribuyen a un sistema internacional profundamente desigual. Mientras algunas naciones continúan acumulando riqueza a través de la explotación de recursos naturales y humanos en otras partes del mundo, millones de personas en África, América Latina y Asia viven sumidas en la pobreza, sin acceso a servicios básicos, educación o asistencia sanitaria. La policrisis global motivada por la hipocresía de las grandes potencias no solo refleja contradicciones en las políticas exteriores, sino que también está reforzando las disparidades sociales, económicas y ambientales que afectan a los países más vulnerables. La falta de coherencia en las decisiones políticas, el doble discurso en temas como derechos humanos, democracia y sostenibilidad, y la priorización de los intereses geopolíticos sobre las necesidades globales, están llevando a un punto crítico. Si estas contradicciones estructurales no se abordan, las consecuencias para el futuro de la humanidad y del planeta podrían ser irreversibles. Por lo tanto, es urgente repensar y redirigir las políticas internacionales hacia un enfoque más ético, equitativo y sostenible que permita abordar las crisis globales de manera efectiva y cooperativa. En el libro se presenta una encuesta, una serie de tipologías y reflexiones finales.

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Colombia ha sido históricamente uno de los principales productores y exportadores de cocaína en el mundo, lo que ha tenido profundas implicaciones tanto para su desarrollo social como para su economía y seguridad. A lo largo de las últimas décadas, el cultivo de la coca y su transformación en cocaína ha sido un fenómeno asociado no solo con el narcotráfico, sino también con la violencia, la corrupción y las dificultades para implementar políticas públicas efectivas en diversas regiones del país. El auge de la cocaína en Colombia no es un fenómeno aislado, responde a una serie de factores históricos, económicos y sociales que incluyen la desigualdad, la pobreza en las zonas rurales y el debilitamiento de las instituciones del Estado en algunas regiones. Además, la presencia de guerrillas, paramilitares y carteles de narcotráfico. A través de esta reflexión, se busca entender cómo la realidad de ser un "país cocalero" ha afectado a Colombia, no solo en términos de su imagen internacional, sino también en la vida cotidiana de millones de colombianos que han vivido, y siguen viviendo, las consecuencias de este flagelo. ¿Qué significa para Colombia ser un país que produce y trafica una de las drogas más destructivas del mundo? ¿Cuáles son las repercusiones sociales, políticas y económicas de esta realidad? Estas preguntas son clave para comprender la relación entre el narcotráfico y la sociedad colombiana. La "desgracia" de ser un país cocalero no solo hace referencia al daño directo que causa la cocaína, sino también a los costos indirectos en términos de gobernabilidad, desarrollo humano y bienestar. Sin embargo, en medio de este panorama, es vital reconocer también los esfuerzos que el país ha realizado en términos de políticas de erradicación, sustitución de cultivos y cooperación internacional. La lucha contra el narcotráfico y sus efectos sigue siendo una de las prioridades de los gobiernos colombianos, aunque los resultados han sido, en muchos casos, mixtos. El narcotráfico ha sido uno de los problemas más persistentes y complejos en Colombia durante más de medio siglo, y su impacto en el país ha sido profundo, afectando tanto a las zonas rurales como a las urbanas. Colombia, históricamente conocida como un importante productor de cocaína, ha sido escenario de un conflicto armado prolongado en el que varios actores, incluidos los grupos guerrilleros, los paramilitares, y las bandas criminales, se han financiado, en parte, a través de los ingresos provenientes del narcotráfico. La violencia, la desigualdad social, la falta de presencia estatal en las regiones rurales, y la pobreza estructural han creado un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de actividades ilícitas, como el cultivo de coca. La relación entre el narcotráfico y los grupos armados ilegales ha sido particularmente significativa, ya que estos actores han utilizado el negocio de la cocaína no solo como una fuente de financiación, sino también como una forma de control territorial y de fortalecimiento de sus estructuras. Mientras tanto, el Estado colombiano, a través de diferentes administraciones, ha implementado diversas estrategias para combatir este fenómeno, desde políticas de erradicación de cultivos ilícitos hasta acuerdos de paz con actores como las FARC, pero los resultados han sido dispares y han generado tanto éxitos como fracasos. El narcotráfico no solo ha alimentado la violencia armada, sino que también ha tenido consecuencias profundas para la política y economía del país. El dinero del narcotráfico ha corrompido instituciones y debilitado el Estado de derecho, mientras que las comunidades rurales, particularmente aquellas en regiones productoras de coca, han quedado atrapadas en un ciclo de pobreza, desplazamiento y desesperanza. En este contexto, la relación entre el narcotráfico, los grupos armados ilegales y el Estado se vuelve un tema vital para comprender los desafíos actuales en Colombia. El futuro de la paz y el desarrollo rural en el país depende de cómo se aborden los problemas estructurales que permiten que el narcotráfico siga siendo una de las principales fuentes de violencia y desigualdad social en las zonas más afectadas. Esta problemática, por lo tanto, requiere un enfoque integral que no solo contemple la erradicación de cultivos ilícitos o el desmantelamiento de las estructuras criminales, sino también una estrategia de desarrollo que brinde alternativas viables a las comunidades rurales y combata las causas profundas que perpetúan este ciclo de violencia y pobreza. Este análisis busca explorar cómo las políticas públicas, las estrategias de paz, las dinámicas del narcotráfico y los grupos armados ilegales han modelado el conflicto en Colombia, y cómo se pueden crear soluciones más efectivas y sostenibles para reducir su influencia en la sociedad colombiana. En el libro se presenta una encuesta una serie de tipologías y reflexiones finales.

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